Las funerarias hacen negocio... más allá de la muerte.
Ni con la muerte se descansa en paz. Al menos en Nueva York.
Se ha descubierto una trama de venta ilegal de huesos y tejidos humanos organizada por una banda de cuatro personas, que, después del hurto, lo vendía para transplantes a siete funerarias neoyorquinas. El centro de operaciones (nunca mejor dicho), era la casa funeraria Daniel George & Son, situada en el barrio de Brooklynn.
Se calcula que durante cuatro años, desde 2001 hasta el pasado 2005, han sido profanados más de 1100 cadáveres, y que un gran número de estafados (que todavía no se ha hecho público) han estado recibiendo transplantes, beneficiándose de “materia orgánica ajena”sin el consentimiento de la familia del fallecido.
La responsabilidad cae prácticamente en su totalidad sobre Michael Mastromarino, que aunque perdió hace años su licencia médica (era dentista), no ha dejado de lado su mayor vocación:
obtener dinero a partir de extracciones.
Esta práctica ilegal de la medicina puede ocasionar más de 250.000 dólares de beneficio. Teniendo en cuenta que la compra de un cadáver le salía relativamente barata, unos 1000 euros, los ingresos que obtenía eran más que suficientes.
Lo más repugnante era que el grupo de mafiosos rellenaban los huecos que quedaban en el cuerpo humano después de la operación con cañerías viejas o tuberías para evitar que los miembros de los cadáveres perdieran la firmeza.
Ya lo único que les quedaba era falsificar y cambiar los partes de defunción y la edad de los fallecidos.
El famoso presentador televisivo Alistair Cooke que falleció de cáncer con 95 años, contribuyó sin querer a esta red de “donaciones”, convirtiéndose además en un anciano de 85 años muerto por un fulminante infarto.
El director de la casa funeraria de Brooklynn, Joseph Nicelli, causó su propia ruina y la de sus compañeros cuando decidió vender la funeraria. Los nuevos propietarios del negocio se dieron cuenta de que los libros de registro y de cuentas no recogían una contabilidad legal y, que además, faltaba el dinero de unos cuantos funerales que supuestamente habían sido pagados de antemano.
Nicelli, Mastromarino y los dos enfermeros que ayudaban en el negocio, Crucetta y Aldorassi, están acusados de 122 cargos relacionados con el robo y la venta de los cadáveres, así como del provecho que han obtenido del tráfico de sus órganos y de la falsificación de documentos oficiales de 10 cadáveres.
A la espera del veredicto final (los acusados se han declarado por dos veces inocentes), la pena máxima de cárcel a la que se enfrentan los cuatro acusados es de 25 años de cárcel.
De todas formas la justicia ya ha actuado: todos están,como siempre, en libertad condicional.
