Air Madrid lo tiene difícil... y el Gobierno también

El Gobierno se encuentra en estos momentos en una situación delicada.
El problema es que las irregularidades de Air Madrid no es una situación nueva, si no que se remonta a principios de año, donde Aviación Civil ya redactó informes que destacaban aspectos negativos muy importantes de la compañía, y que ponían en peligro la seguridad del transporte de los pasajeros debido al mal estado de sus infraestructuras.
Así que si el mal estado de la compañía es un problema que viene de largo, es probable que el Ministerio de Fomento haya tardado demasiado en actuar, que se haya querido desentender del problema y que llevara tiempo confiando en que la compañía pusiera al día sus medidas de seguridad.

Por otro lado, ¿Hasta que punto puede el Estado inmiscuirse en una empresa privada? ¿Es justo que el Ministerio de Fomento sea el que tenga que dictaminar la sentencia de cierre? ¿No debería de haber un órgano que se encargara de tomar este tipo de decisiones, juzgándolo todo desde una perspectiva más imparcial?

Es cierto que aunque Air Madrid sea una compañía catalogada como sociedad anónima, no hay que olvidar que se dedica al servicio público de transporte de viajeros y que por tanto, sus actuaciones deben de estar regidas por leyes y normas tanto nacionales como internacionales, y que llegado el caso, organismos estatales están en su perfecto derecho de actuación si observan que la seguridad de los ciudadanos puede estar en peligro.
Pero si el Ministerio de Fomento se dedica a controlar la compañía, no debería haber permitido que el pasado 15 de diciembre y con el futuro de la compañía sin resolver , se siguieran vendiendo pasajes de vuelo. Llama la atención que con expediente abierto por parte de Aviación Civil (organismo dependiente de el Ministerio de Fomento como es sabido), se le concediera permiso para abrir nuevas rutas con una flota limitada y sospechosamente deteriorada.
Además, con el cierre de la compañía, el Gobierno ha impedido que los pasajeros que tenían previsto su vuelo para estas navidades pudieran viajar, por lo que ahi se ha incumplido el contrato de la compañía con los pasajeros, pero no por voluntad de Air Madrid, que estaba dispuesta a continuar sus vuelos, si no por orden del Gobierno, que fue el que tomó la decisión de cancelar los viajes. Aunque no podemos olvidar, las múltiples incidencias que la compañía venía acumulando en los últimos meses, con repetidas y excesivas alteraciones en el incumplimiento de los horarios pautados. ¿Se debería haber actuado más precozmente pero menos traumáticamente?
Teniendo en cuenta que ha sido por orden estatal, es perfectamente explicable que la compañía no quiera hacerse cargo de los cientos de miles de personas que se han quedado en los aeropuertos.

El Ministerio de Fomento se responsabilizó del traslado a sus lugares de origen de los viajeros ubicados en diferentes destinos, dejando para dilucidar bien judicialmente o en entendimiento mercantil los billetes contratados de doble sentido.

La complejidad de la situación deriva directamente en una difícil solución, no sólo jurídica, sino económica de cara a compensar a los damnificados y a la propia compañía de tener que pagar indemnizaciones y/o sanciones a organismos nacionales e internacionales por incumplimiento de las normas de aviación civil.
Personalmente, pienso que tanto la Administración como Air Madrid, tienen sus responsabilidades y por tanto tendrían que asumirlas, pero, al final, será un magistrado quién determine responsabilidades ya que es un proceso abierto por la vía civil, penal y administrativa.

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